Responsabilidad y concienciación ante la vacunación frente a la COVID-19

La obligación de vacunarse para los profesionales sanitarios frente a la COVID-19 es ya una realidad en países como Italia, Francia y Grecia, donde, de no cumplir con dicho imperativo, estos profesionales podrían verse afectados por sanciones disciplinarias, de tipo administrativo o relacionadas con la limitación de actividad, llegando incluso a tener que asumir la suspensión de ejercicio y sueldo.

Sin embargo, en nuestro país la vacunación no es obligatoria –las empresas no pueden imponerla a sus trabajadores y existen muy pocas excepciones en la normativa que permitan a la Justicia decidir sobre este aspecto– y, además, las Comunidades se han comprometido a cumplir lo establecido en la estrategia de vacunación acordada dentro de las actuaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Estos son los motivos por los que el Ministerio de Sanidad ha rechazado adoptar las medidas descritas en el caso de Italia, Francia y Grecia. Pero, ¿podría llegar España a plantearse la obligatoriedad de la vacuna para sus profesionales sanitarios? Varios expertos han manifestado su opinión al respecto y lo cierto es que, después de un análisis general, sería posible en ciertos casos, pero innecesario en nuestro país dadas las altas tasas de vacunación.

¿Podría llegar España a plantearse la obligatoriedad de la vacuna para sus profesionales sanitarios?

Nuria Amarilla, socia-directora de Eupharlaw y presidenta de la Sección de Derecho Farmacéutico del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), señaló en una entrevista para El Global que la propia ley abre la puerta a la implantación de la vacunación forzosa —al colectivo de sanitarios y/o población— a través de un camino normativo enrevesado y en el que “siempre habría que justificar la excepcionalidad y proporcionalidad de la medida, así como ser ratificada por los juzgados de lo contencioso-administrativo como ha ocurrido con los cierres perimetrales en la pandemia”.

Sin embargo, Nuria Amarilla también apuntaba en esta misma entrevista que ni siquiera en el caso de que ​​la autoridad sanitaria tomase la decisión de aplicar las medidas que le confiere la Ley 3/1896 de medidas especiales en materia de salud pública para realizar acciones preventivas generales con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, todos los sanitarios españoles estarían supeditados a cumplir esta hipotética obligación: sería preceptivo para aquellos con relación con la Administración Pública (SNS), así como para quienes cumplan con el concepto de asistencia sanitaria directa al paciente, con contacto físico, lo que dejaría fuera, en principio, al colectivo de farmacéuticos (excepto quienes trabajen en instituciones públicas o tuvieran registrados servicios asistenciales en los que es necesario el citado contacto físico directo con el paciente).

Otros profesionales del sector hacían referencia en el medio de comunicación descrito a la necesidad de trabajar para que los profesionales sanitarios lleguen a la vacunación convencidos de que es el medio adecuado para prevenir la enfermedad y disminuir su mortalidad, de forma que también asuman ellos mismos la responsabilidad de promover y defender dicho proceso.

Según defendían Ana López Casero, tesorera del Consejo General de Farmacéuticos, o la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) el camino adecuado es el de la concienciación y no el de la obligación, que siempre puede producir un efecto diferente al esperado.

Y en este sentido parece que nuestro país va por buen camino: al contrario de lo que ocurre en otros que sí han tenido que recurrir a la opción de imponer las vacunas, el nuestro ofrece datos que demuestran una muy buena aceptación de las mismas (la inmunización de sanitarios en España fue prioritaria desde la llegada de las primeras dosis y presenta a día de hoy una suerte de cien por cien ‘técnico’) y que los grupos que se declaran contrarios a ellas son completamente minoritarios.

De igual forma, dada la preocupación existente por el repunte de casos en centros como los que atienden a personas mayores u otros establecimientos residenciales de personas altamente vulnerables, el CISNS solicitó a la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, su órgano más técnico, que considerara actuaciones destinadas a reducir el impacto de la quinta ola en este tipo de recintos.

Dentro de sus propuestas, la Ponencia plantea algunas como la posibilidad de realizar traslados forzosos o dos PCR semanales a los profesionales que no quieran vacunarse, aunque insiste en la importancia de lanzar mensajes positivos que incentiven la vacunación como una de las principales herramientas de la salud pública para prevenir enfermedades y su repercusión colectiva.