Propuestas para revertir el RDL 16/2012 y recuperar la protección del derecho a la salud
El portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el Senado, José Martínez Olmos, presentó la semana pasada en la sede de la 
Organización Médica Colegial (OMC) su nuevo libro, titulado ‘El futuro de la Sanidad en España. Reflexiones y propuestas para una sanidad pública solvente’. La obra comienza con una invocación del espíritu que llevó al Gobierno de Felipe González a la elaboración, en 1986, de La Ley General de Sanidad, con la que se pretendía, en palabras de Martínez Olmos, “hacer realidad el derecho de todos a la protección de la salud”.
Con dicha elaboración y aprobación empieza, recuerda el autor, “el tránsito paulatino hacia un modelo típico de Sistema Nacional de Salud, que definía su orientación claramente hacia el carácter universal de la cobertura y un modelo de financiación por impuestos generales”, para el que, en todo caso, hubo que esperar aún unos años, ya que el SNS seguía aún vinculado a la Seguridad Social como prestación no contributiva.
En este sentido, Martínez Olmos reconoce la importancia, de cara a establecer definitivamente la universalidad, de la aprobación de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en 2003, “que define el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria para todos los españoles y los extranjeros en el territorio nacional”. Pese a que la Ley fue aprobada durante el Gobierno de Aznar, fue elaborada, dice Martínez Olmos, con el “acuerdo de los dos grupos”. Posteriormente, en 2011, continúa, “sería la Ley General de Salud Pública la que resuelva jurídicamente la universalización del aseguramiento, al extender el derecho a la asistencia a todos los residentes en suelo español”. No obstante, se queja Martínez Olmos, todo ese proceso “se quiebra con el Real Decreto Ley 16/2012, con el que se suprime el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, y se circunscribe en exclusiva a la asistencia sanitaria, un cambio aparentemente conceptual, pero que no es menor”. Los requisitos para obtener la condición de asegurado cambian y se limita el acceso a la sanidad pública a varios colectivos, principalmente a los inmigrantes en situación irregular.
Ruptura unilateral de un acuerdo explícito
En su libro, Martínez Olmos denuncia que, además de conculcar el derecho a la protección de la salud, el RDL aprobado por el Gobierno de Rajoy en 2012 supone la “ruptura unilateral de un pacto explícito entre las fuerzas políticas españolas, en especial PP y PSOE, que, tanto en la Ley de Cohesión y Calidad de 2003, como en la Ley General de Salud Pública de 2011, estaban alineadas por unanimidad en torno a la cobertura universal para todos los ciudadanos por el hecho de serlo”.
Por eso, cuando el portavoz socialista reivindica ahora un Pacto de Estado por la Sanidad, colocando la protección de la salud en el mismo nivel de importancia que las pensiones, lo hace poniendo algunas condiciones. “La sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, si se quiere trabajar desde el consenso de todos, requiere por nuestra parte rectificar este aspecto del RDL 16/2012”, dice, en referencia a la pérdida de la universalidad.
Junto a esta cuestión, Martínez Olmos señala otros retos que habrá que abordar de forma ineludible para adaptar el SNS con éxito a los nuevos tiempos. Entre ellos, la necesaria participación de los profesionales sanitarios y la toma en consideración de sus reivindicaciones; el diseño de una estrategia que permita aprovechar las oportunidades que ofrece la medicina genómica y de precisión; la mejora de la coordinación entre los servicios regionales de salud; la modulación de las exigencias europeas para que no atenten contra la protección de la salud o la posible reformulación de las relaciones entre el SNS y la farmacia comunitaria. Además, la segunda parte de la obra incorpora opiniones de diferentes personalidades del sector sanitario en todos sus ámbitos.
Hecha la referencia al nuevo libro del senador por Granada, cabe decir del autor que fue merecedor del V Premio Eupharlaw a la personalidad del año en el sector farmacéutico, en 2005, por su labor como Secretario General de Sanidad y, específicamente, por su visión de la política farmacéutica y su contribución a la información terapéutica.