Nueva Ley de Salud Pública de Aragón
El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de todos los ciudadanos. La Ley General de Sanidad de 1986 recoge los principios y criterios sustantivos que permiten el ejercicio de este derecho. Se trata por tanto, de un derecho que debe tratarse con máximo respeto y pulcritud dado que involucra a personas y administraciones, siendo estas últimas responsables de garantizar el sistema sanitario a los ciudadanos.
El gobierno de Aragón aboga por garantizar este derecho, proteger la Sanidad Pública y ofrecer una mayor calidad en la asistencia sanitaria mediante una nueva ley de salud pública que implica a entidades públicas y privadas.
La norma se organiza en cinco capítulos que reconocen “la labor de los profesionales sanitarios y el establecimiento de un modelo de organización periférico que unifique territorialmente las distintas estructuras del Sistema de Salud de Aragón”, según el artículo publicado en Redacción Médica.
Capítulo 1: Parte de la base de las directivas europeas para señalar las funciones básicas de la salud en la Comunidad Autónoma. También se explican los derechos y obligaciones en la Sanidad sobre información, participación, igualdad, intimidad, confidencialidad y dignidad.
Capítulo 2: Expone las competencias de las diferentes administraciones vinculadas a la Salud.
Capítulo 3: Reglamenta “los medios de actuación en materia de salud pública, mediante las prestaciones de salud pública dentro de la cartera de servicios de la Comunidad Autónoma”.
Capítulo 4: Reconoce la importancia del rol de los servicios de inspección. Asimismo, legitima el Registro de establecimientos alimentarios como dispositivo de Salud Pública.
Capítulo 5: Reglamenta las infracciones y sanciones en el ámbito de la Sanidad cuya regulación era escasa hasta el momento.
La Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud Pública de Aragón (no publicada hasta el 15 de Julio) dispone que las administraciones públicas y los sujetos privados, se someterán a principios rectores como el de equidad, o el de universalidad (que deberán estar presentes en las políticas cuando estas influyan de algún modo en la salud), principio de pertinencia, de prevención, de precaución, evaluación y transparencia en todas las actuaciones que se efectúen por parte de la administración en lo referente a la salud. Así mismo, reconoce los principios de integralidad de las actuaciones dentro del sistema sanitario, y el principio de seguridad en estas actuaciones.
Por nuestra reivindicación desde hace más de una década, desde Eupharlaw no podemos dejar de destacar el reconocimiento expreso que la norma hace del derecho de los ciudadanos a la información (como ya incluyó la Ley 33/2011, General de Salud Pública), que debe contribuir al principio de transparencia de la administración en su relación con la ciudadanía, así como el respecto a la autonomía de la voluntad de los ciudadanos, favoreciendo su empoderamiento respecto de las decisiones sobre aspectos que puedan afectar a la salud tanto individual como colectiva (dado que también se reconoce el derecho de éste de participación). Especialmente estos dos aspectos (información y participación para con los ciudadanos) se hacen eco de la línea Europea de otorgar al ciudadano la responsabilidad de su destino en materia de salud.
Según este artículo del Heraldo de Aragón, hubo acuerdo entre el PP aragonés y los partidos de la oposición en materia de los principios rectores, derechos y deberes de los ciudadanos, la creación de una comisión interdepartamental y del Consejo Asesor de Salud Pública, así como en vacunas gratuitas y universales, mientras que no los ha habido en concretar las competencias de municipios y comarcas y en la carrera profesional.
La diputada de IU, Patricia Luquin, señaló que “se han incorporado cosas fundamentales e importantes”, pero ha quedado pendiente “concretar más la distribución de competencias de salud pública”, especialmente en Zaragoza y su área metropolitana, así como la especialización de los profesionales.
En otras materias relacionadas, colectivos como la Plataforma de Defensa de la Salud Pública de Aragón muestran sus críticas a modificaciones como la de la creación de un área única de salud en Aragón, siguiendo a comunidades autónomas como Madrid, puesto que afirman que se trata de formas encubiertas de privatización de la sanidad disfrazadas de libre elección de médico.