Las patentes farmacéuticas, las dificultades del escalado industrial y de la distribución de vacunas frenan el acceso equitativo en todo el mundo

Numerosos colectivos, como Médicos Sin Fronteras, Salud por Derecho o la Sociedad Española de Salud Pública piden al Gobierno que apoye la suspensión de patentes COVID-19.

Nuria Amarilla: “Ninguno de los países del ‘primer mundo’ apoya la iniciativa por el régimen de propiedad industrial de nuestros ordenamientos jurídicos”.

El pasado día 4 los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se volvieron a reunir para “debatir la propuesta que Sudáfrica e India hicieron al Consejo de los ADPIC (Acuerdos de Propiedad Intelectual) para aplicar una exención sobre ciertas medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías contra la COVID-19 mientras dure la pandemia”.

En este contexto, organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) y Salud por Derecho han pedido a los países ricos que, ante la tensión entre la fabricación de vacunas y la demanda de estas y la “absoluta falta de transparencia en los contratos de compra de las vacunas”, apoyen o, al menos, no obstaculicen la suspensión de las patentes para dar entrada a más fabricantes y aumentar la producción.

Relacionado con lo anterior, Nuria Amarilla, socia directora de Eupharlaw, ha señalado que “no era esperable un avance, dado que ninguno de los países del ‘primer mundo’ apoya la iniciativa por el régimen de propiedad industrial de nuestros ordenamientos jurídicos. Sorprendentemente, en esta ocasión tampoco apoyan la suspensión temporal de las patentes en países como Brasil.”

La realidad, añade la Presidenta de la Sección de Derecho Farmacéutico del ICAM y Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Juristas de la Salud, es que “actualmente no es posible fabricar y comercializar sin ese conocimiento que otorga un derecho de exclusiva comercial a la industria farmacéutica, que obtiene las patentes conforme al Derecho vigente. Están previstos en la normativa mecanismos excepcionales, como las licencias obligatorias por motivos de salud pública, pero no se utilizan por los intereses en conflicto. Por otro lado, en esta situación los fondos públicos empleados son enormes, además de que los ensayos clínicos, aunque generalmente son financiados por la industria, utilizan recursos públicos humanos y materiales para su realización.

En definitiva, se trata de una negociación en la que ninguna de las partes puede imponerse totalmente porque necesita de la otra. Lo que estremece es que si, en una pandemia como la actual, no se prioriza la inversión en investigación pública, la fabricación y el refuerzo de los sistemas sanitarios con los recursos materiales y humanos que faltan, debemos asumir la dura realidad de que no se hará nunca.”

En base a lo expuesto anteriormente, cuestiones como si es posible que se fabriquen más vacunas contra el coronavirus en menos tiempo o si se puede vacunar de una forma más justa en todo el mundo, acabando así antes con el virus, encuentran una inequívoca respuesta: sí.
La explicación es aparentemente sencilla: si cinco fábricas pueden producir un número indeterminado de millones de vacunas, las dosis se multiplicarían con una medida tan elemental como aumentar el número de fábricas, con lo que se conseguiría erradicar antes el problema. Sin embargo, en este mundo nada es sencillo y hay que buscar soluciones que tengan en cuenta numerosos factores, como las dificultades de escalado industrial de las vacunas, o la distribución en países donde puedan derivarse a un tráfico ilícito.

Por su parte, el Gobierno español dio luz verde el pasado 18 de enero, a través del Consejo de Ministros, a su Plan de Acceso Universal: Compartiendo las vacunas contra el Covid-19: “Vacunación solidaria”. Este fue elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, con el objetivo principal de contribuir a garantizar un acceso justo, asequible y universal a la vacuna como un bien público global.

El plan establece los principios para el desarrollo del proceso de vacunación, los grupos prioritarios y las vías de canalización de las donaciones: COVAX, el Mecanismo de Donación de la Unión Europea, OCHA y ECHO, organizaciones multilaterales y regionales y la asignación directa bilateral.

Tanto MSF como Salud por Derecho valoran esta medida, pero la consideran insuficiente: “Compartir unos excedentes puede paliar una situación de emergencia, pero no va a solucionar los enormes problemas de acceso actuales y que han dado lugar a una desigualdad dramática entre los países más ricos y más pobres del mundo. La situación excepcional y sin precedentes en la que nos encontramos requiere de medidas extraordinarias para que todos los países puedan utilizar toda la propiedad intelectual, el conocimiento y los datos relacionados con las tecnologías sanitarias COVID-19 y ampliar la capacidad de producción”, asegura Irene Bernal, investigadora de Salud por Derecho.