¿La sanidad penitenciaria, será finalmente transferida a las CCAA?
Por Nuria Amarilla. Socia del Grupo de Derecho Farmacéutico Europeo (Eupharlaw)
Todo parece indicar que la transferencia a las Comunidades Autónomas de los servicios e instituciones sanitarias dependientes de Instituciones Penitenciarias va a ocupar un importante lugar de debate en el sector durante 2020. Y eso que el mandato no es precisamente nuevo, ya que lo preveía la Disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, sobre cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, hace más de 15 años.
El invierno se presenta caldeado en este sector que prepara una huelga, dado que a pesar de ser conscientes de las dificultades de dicha transferencia competencial no pueden quedarse esperando que sus condiciones salariales y la “fuga” de profesionales sanitarios continúe, junto con otros problemas como el pago de guardias o en qué condiciones el médico puede participar en la sujeción mecánica (sobre esta última cuestión recomendamos la lectura del interesante artículo de Luis Fernando Barrios publicado por la Asociación de Juristas de la Salud).
Por otra parte, la demora en el cumplimiento de dicha encomienda incluida en la Ley 16/2003, que ha pasado como una “patata caliente” de mano en mano de los diferentes gobiernos desde dicho año, va a ser pagada por el actual conforme dictaminó el Tribunal Supremo en su Auto de 16/05/2019 de la Sección primera de la Sala de lo contencioso-administrativo que puede consultarse aquí.
En declaraciones de Matilde Vera, jefe de los Servicios Jurídicos del Servicio Andaluz de Salud a Diario Médico recientemente “los fallos del Supremo tienen fecha de mediados de diciembre del pasado año, pero no han sido firmes hasta el 27 de diciembre” y “recuerda la ardua batalla judicial [al tener] que recurrir al Alto Tribunal después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en un cambio de criterio, condenara al Servicio Andaluz de Salud a pagar”, a pesar de que inicialmente el Juzgado de lo Contencioso número 13, “reconoció a Instituciones Penitenciaras como las responsables de abonar la atención hospitalaria, como luego ha confirmado del Supremo (…) Fue en enero de 2014 cuando el Estado central decidió no renovar los convenios que se iban firmando periódicamente entre cada comunidad autónoma e Instituciones Penitenciarias, por entender que correspondía a la Administración autonómica afrontar el coste de la atención médica de los presos, incluyendo ahí la hospitalaria”.
Y esta no será la única factura autonómica que tendrá que abonar el Ministerio de Interior, del que dependen las Instituciones penitenciarias aún, dado que otras Comunidades Autónomas como Castilla-León, Madrid y Baleares están en situación similar. Ahora bien, como bien titula Consalud.es “Interior y sindicatos difieren en cómo resolver la situación” y se esperan movilizaciones durante 2020.