La Ley de la Cadena alimentaria se adapta a la directiva europea

• Las medidas se suman a las introducidas a comienzos de 2020 como respuesta urgente a la grave situación en que se encontraba el sector primario
• El proyecto, que inició su tramitación el pasado 1 de abril, se ha debatido con todos los operadores de la cadena y el resto de las administraciones afectadas.

Cadena alimentaria, directiva europea

El Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria está en marcha desde que el Consejo de Ministros le diera luz verde el pasado día 3 de noviembre. Con dicha reforma el Gobierno amplía el ámbito de aplicación de la citada Ley, generaliza los contratos por escrito y fomenta la transparencia en la formación de precios, protegiendo a los eslabones más débiles por su posición en la cadena, además de estimular las relaciones comerciales y la innovación a través de la mejora de la operatividad de las transacciones.

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación informó de que este paso permite “adaptar la legislación española a la directiva europea”, “fomentar la innovación en la cadena y un reparto más justo del valor añadido a lo largo de la misma” y “protege” tanto a ganaderos como a agricultores, atendiendo, de paso, a las reivindicaciones que estos últimos formularon durante sus movilizaciones del pasado mes de febrero.

Además, la nueva norma completa los cambios inaplazables introducidos por el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que ya supuso un primer paso en la mejora de la ley de la cadena que ha iniciado el Gobierno este año.

Con los aspectos introducidos en esta fase, se ha añadido al ordenamiento nacional la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, ampliando el ámbito de aplicación de la vigente norma y estableciendo mecanismos que la refuerzan para incrementar su eficacia.

Sin duda, la Ley de la Cadena Alimentaria constituye una norma cada vez más eficiente, que desde su promulgación ha contribuido de forma significativa al reequilibrio de las relaciones comerciales agroalimentarias. Ahora, con el proyecto de ley aprobado a principios de mes, se le suman mejoras como las que se citan a continuación:

• Ampliación del ámbito de aplicación espacial y material de la norma que implica, por un lado, que esta afectará tanto a las relaciones comerciales internas como a las de ámbito comunitario en las que participe un operador establecido en España, siempre que no aplique la legislación de otro Estado miembro, materializándose también sus prohibiciones y sanciones en las relaciones de un operador establecido en España y otro de un tercer país; por otro, en cuanto al ámbito material, además de los alimentos y productos alimenticios, se contemplan las materias primas y otros productos recogidos en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
• Incremento de los supuestos en los que es obligatorio formalizar contratos por escrito hasta la práctica totalidad de las operaciones.
• Incorporación de prácticas comerciales desleales que no están recogidas en la legislación española, a día de hoy, fruto de la trasposición de la directiva europea (como la modificación unilateral de contratos en lo que se refiere a volumen o la devolución de productos no vendidos, salvo pacto expreso).
• Inscripción de nuevas infracciones y recalificación de otras para asegurar la mejor aplicación y eficacia de la norma. Ejemplo de ello son la cancelación de un pedido 30 días antes de la fecha de entrega (leve), la obstrucción de la inspección (grave) o exigir pagos adicionales o asunción de costes sobre el precio pactado (pasa de leve a grave).
• Reconocimiento de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como autoridad de control de lo dispuesto en la ley en el ámbito nacional, pasando a ser, además, punto de contacto y cooperación con otras autoridades y con la Comisión Europea.

Este proyecto ha sido objeto de informe tanto por parte de las Comunidades Autónomas, como por el sector, la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado. Según Planas, se concluirá en el primer periodo de sesiones del próximo año, con el objetivo de cumplir el plazo previsto por la directiva europea, y entrará en vigor previsiblemente el 1 de noviembre de 2021.

En último término, el titular de de Agricultura, Pesca y Alimentación ha adelantado que el Gobierno tiene la intención de completar esta legislación en el primer trimestre del próximo año llevando al Consejo de Ministros un proyecto de ley para el desperdicio alimentario, complemento necesario para que el sistema alimentario funcione de forma correcta.