La judicialización del modelo valenciano de prestación farmacéutica a residencias

Por Francisco Rosa. Periodista especializado en el sector farmacéutico.

Desde el anuncio de la puesta en marcha de Resi-EqiFar, el nuevo modelo de prestación farmacéutica a centros sociosanitarios de la Consellería de Sanitat de la Comunitat Valenciana, hace poco más de un año, se sabía que el camino hasta su implantación no iba a ser fácil. Y es que este modelo, con el que el Departamento que dirige Carmen Montón dice querer buscar, principalmente, equidad y eficiencia, no gusta al sector de las oficinas de farmacia, las cuales son relegadas, es verdad, a una labor más de apoyo, mientras que la responsabilidad sobre la adquisición, la gestión y la atención farmacéutica recaerían, en mayor medida, en la farmacia hospitalaria.

El último capítulo de las tensiones que se están viviendo en torno a este intento de la Consellería por cambiar de modelo de prestación a residencias se dirime ahora en los despachos del Ministerio de Presidencia, desde donde ya han confirmado que, “tras la valoración de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiaciera y de organización de la Generalitat, el caso está siendo estudiado por el Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales”.

Es más, el Departamento de Montón ha recibido ya la invitación al inicio de procedimiento para constituir una Comisión Bilateral, como consecuencia de “las discrepancias en un punto de un artículo de la ley” que habría percibido la Comisión de Seguimiento de Disposiciones y Actos de las CCAA, aunque ha mostrado su intención “de colaborar, en el cauce de cooperación establecido y como no podía ser de otra manera, para resolver dichas discrepancias”. En caso de que no se resolviera el conflicto por esta vía, y puesto que parece haber una cuestión competencial de fondo, existe la posibilidad de que el Gobierno recurra al Tribunal Constitucional.

Pese a que ni Ministerio de Presidencia ni Consellería de Sanitat han querido aclarar en qué punto de qué artículo está el origen de las actuaciones de la Comisión de Seguimiento de Disposiciones y Actos de las CCAA, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), que informó en primera instancia de las diligencias abiertas, asegura que el motivo estas actuaciones está “en la exclusión de las oficinas de farmacia de la prestación farmacéutica en las residencias sociosanitarias y la obligación de todas las residencias, públicas y privadas, a integrarse en un sistema de gestión pública directa”, que, dicen, “atenta contra la normativa básica estatal y con ello, contra el sistema constitucional de distribución de competencias”.

Recurso ante el TACRC

Antes de que se iniciara este proceso que puede derivar, en caso de que no haya acuerdo entre Gobierno central y autonómico, el COF de Valencia ya había presentado recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que concedió en febrero de este año la suspensión cautelar del procedimiento de contratación ‘Servicio de preparación de unidosis y su distribución a los centros de asistencia social sociosanitarios’, convocado por la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la Consellería de Sanidad valenciana para la puesta en marcha de Resi-Eqifar. Sin embargo, una vez analizado el recurso, retiró dicha suspensión, dando la razón a la Consellería de Sanitat en cada uno de sus argumentos y avalando la legitimidad de los requisitos planteados por el organismo público para la contratación de estos servicios. A los COF les dejaba abierta, eso sí, la puerta del recurso por la vía del contencioso-administrativo, que no se ha ejecutado a día de hoy.

En paralelo a todos estos procedimientos abiertos, la Consellería valenciana hacía público el Proyecto de Decreto del Consell, por el que se regula la ordenación de la prestación farmacéutica en los centros sociosanitarios, que derogará el Decreto 94/2010 por el que se regulan las actividades de ordenación, control y asistencia farmacéutica en los centros sociosanitarios y en la atención domiciliaria, en los aspectos que contradigan a esta nueva disposición, lo que se entiende como un intento de proporcionar un soporte legal a Resi-EqiFar. No obstante, los COF han prometido presentar batalla hasta el final.