La alimentación ecológica en auge
23/02/2017 Cada día prestamos más atención a lo que comemos. Desde nuestros inicios en el Derecho Alimentario, hemos visto la evolución de la normativa europea sobre etiquetado, que cumple como mínimo una doble función: por un lado un correcto etiquetado contribuye a la seguridad del producto, y por otro, satisface la demanda de información del consumidor, cada vez mayor. Desde los ingredientes, aditivos y alérgenos, a la procedencia de los productos alimentarios e, incluso, cómo se han cultivado o procesado estos alimentos.
El sector de la Alimentación se reinventa con el paso de los años, de forma paralela al desarrollo de la concienciación social sobre los alimentos y el avance de la nutrición como disciplina científica. Sabemos que una alimentación sana puede ser la mejor herramienta para reducir el riesgo de sufrir enfermedades, sobre todo las crónicas y neurodegenerativas. Por esta razón, también las administraciones públicas y los gobiernos promueven una alimentación sana para la ciudadanía que además, a largo plazo, reducirá el gasto sanitario y favorecerá una mayor calidad de vida de la población.
En este contexto la alimentación ecológica se encuentra en auge en toda Europa. Según el Departamento de Internacionalización e Inversiones del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, España lidera los primeros puestos mundiales de las exportaciones de producto ecológico.
El MAPAMA, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente define la agricultura ecológica como un conjunto de técnicas agrarias que excluye normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, de productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales.
En España, la agricultura ecológica se regula desde 1989, con la aprobación del Reglamento de la Denominación Genérica “Agricultura Ecológica”, que fue de aplicación hasta la entrada en vigor del Reglamento (CEE) 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.
Desde el 1 de enero de 2009 hasta hoy, la producción ecológica en España se encuentra regulada jurídicamente por el Reglamento (CE) 834/2007, del Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga en el Reglamento (CEE) 2092/91, y por los Reglamentos (CE) 889/2008 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del REG (CE) 834/2007 con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y control y REG (CE) 1235/2008 de la Comisión por el que se establecen las disposiciones de aplicación del REG (CE) 834/2007, en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países, tal y como publica el MAPAMA.
A pesar de liderar las exportaciones de producto ecológico, España se sitúa aún muy lejos en el consumo de dichos alimentos procedentes de agricultura ecológica. Aunque se incremente año tras año, dicho consumo en nuestro país es inferior a la media de la Comunidad Europea, y esto se debe a “una menor concienciación medioambiental, una preocupación inferior por la salubridad de los alimentos que consumimos, un desconocimiento por parte del consumidor con respecto a los mismos y una escasa red de distribución de este tipo de productos que dificulta la realización del acto de compra”, explica el estudio de El Mercado de Productos Ecológicos realizado por el Instituto Cajamar. “En el otro lado se encuentra Suiza, con un consumo de 100 euros per cápita al año, frente a los 27 € de España. De esta forma el mercado español de alimentos ecológicos se situaría en unos 280 millones de euros anuales, frente a los 750 millones de suiza, los 1.400 millones de Italia, Francia y Gran Bretaña y los 3.000 millones de euros en Alemania”.
En cualquier caso, es indudable que el sector alimentario está viviendo un periodo de transición hacia nuevos conceptos, nuevos valores, nuevos compromisos sociales. El cambio es tan abrumador que el asesoramiento es necesario para adaptarse a la mayor demanda de información de los ciudadanos y a los requisitos legales actuales.