Galicia aprueba la ley de cuidados paliativos
Este lunes, el parlamento gallego ha aprobado la ley de derechos y garantías de la dignidad de los enfermos terminales por unanimidad. La ley, propuesta por los socialistas gallegos, tiene como objetivo regular la libertad de los pacientes a una muerte digna, pero no contempla la eutanasia.
Gracias a esta nueva legislación, los pacientes tendrán asegurados los cuidados paliativos, sin importar su edad o el hospital en el que se encuentren, y podrán estar acompañados de los familiares y amigos que quieran. Asimismo, Carmen Acuña, diputada socialista, ha recalcado la importancia que esta ley tendrá para los trabajadores del sector sanitario que, a partir de ahora, contarán con un marco legal al que atenerse. Hasta esta fecha, los profesionales tenían que ayudar a los pacientes desde “la clandestinidad” debido al “vacío legal”, ha asegurado Acuña.
La legislación aprobada contiene puntos como el derecho de los pacientes a decidir si desean recibir o no datos sobre su estado, o que el pronóstico de los enfermos se defina como “pronóstico de vida limitado” en vez de emplear cifras concretas. Sin embargo, la ley no contempla el concepto de eutanasia, ya que para ello sería necesario cambiar el código penal existente.
Galicia se convierte así en una de las primeras comunidades autónomas en contar con este tipo de legislación. Actualmente, España cuenta con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, que ha sido desarrollada en este aspecto por el Real Decreto 124/2007 de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal.
En estas dos referidas normas estatales se crea y define la figura de las voluntades anticipadas, documento que permite a los pacientes dejar por escrito los cuidados que quieren recibir cuando no estén en condiciones de manifestarlo (y por exclusión, los tratamientos que no quieren recibir). El documento estaba previsto en la Ley 41/2002, pero hasta la promulgación del Real Decreto, en el año 2007, no se configuró el Registro Nacional de Instrucciones Previas, donde se conservan todas las instrucciones previas emitidas.
[:]