Francia proyecta medidas frente al desperdicio alimentario
Vemos que las leyes referidas a la alimentación de los ciudadanos europeos se van adaptando según la actualidad y las necesidades que ésta nos va presentando. Un buen ejemplo de ello lo vemos en Francia que en los últimos años ha creado distintas leyes en materia alimentaria a favor de los hábitos de vida saludables de sus ciudadanos en colaboración directa entre organizaciones civiles y la industria de la alimentación. Entre los distintos hitos que nos encontramos en la regulación del sector alimentario en Francia destacamos la prohibición por ley que los supermercados tiren comida, vigente desde 2016.
En 2014 se presentó por primera vez la propuesta legislativa para luchar contra el desperdicio alimentario. El objetivo principal era prohibir por ley que los supermercados tirasen comida, además de que todos aquellos supermercados franceses con una superficie igual o superior a 400 m cuadrados deberían colaborar con las organizaciones humanitarias para las donaciones de alimentos. Aunque el Consejo Constitucional francés determinó que la ley sobre residuos alimentarios estaba aprobada tuvo que ser retirada, señalando que se había añadido como una enmienda durante la segunda lectura del proyecto de ley sobre la transición energética.
El impulsor de esta medida fue Arash Derambarsh, concejal del partido de derecha Divers Droite, o Derecha Diversa, del municipio de Courbevoie, suburbio al noroeste de París. Todo comenzó con una petición en la plataforma digital change.org en la que alcanzó 200.000 firmas para apoyar esta propuesta para aprobar una ley que obliga a los supermercados a donar alimentos a organizaciones de caridad. En caso de incumplir esta ley, estos establecimientos sufrirán penalizaciones, que incluyen multas de hasta 75.000 euros o dos años de cárcel.
Ahora es una realidad y se espera que la Comisión Europea exija a los Estados miembros de la Unión Europea que introduzcan una legislación nacional análoga.
Como publicaron en El Economista tras conocerse la aprobación de dicha ley, según un informe de 2014 de la Cámara de los Lores del Parlamento británico, únicamente en Francia se tiran siete millones de toneladas de alimentos, de los cuales un 67% es por parte de los propios consumidores, y el resto de restaurantes y supermercados. A nivel europeo, el mismo estudio señala que 89 millones de toneladas de alimentos se tiran en la Unión Europea. En todo el mundo se calcula que entre un 30% y un 50% de los alimentos producidos nunca llegan a ser consumidos.
Tras esta iniciativa el gobierno ha detectado otros retos para evitar estas cifras de desperdicio de alimentos, como fomentar la alimentación de Km0 o cercanía, generar nuevos modelos colaborativos entre productores y distribuidores, garantizar una alimentación sana que sea respetuosa con el medio ambiente, y crear un nuevo prisma para el bienestar animal. Por todo esto, a inicios de este año se presentó en el Consejo de Ministros francés el “Proyecto de ley por el equilibrio de las relaciones comerciales en el sector agroalimentario y por una alimentación sana y durable”. 
Este proyecto es el resultado de cinco meses de consulta en el contexto de los “Estados Generales de la Alimentación” del pasado año 2017, y presenta tres premisas fundamentales:
- Evitar las ventas a pérdida en los supermercados, las cuales afectan de forma directa a los productores, y acabar así con la guerra de precios.
- Promover la producción y el consumo de cercanía. En 2016 la superficie agrícola ecológica superó el 5% de la superficie total cultivada, por debajo del 6,2% promedio en la UE.
- Fijar nuevas normas para evitar el maltrato a los animales. El gobierno quiere imponer mayores controles, establecer el delito de maltrato, reforzar las multas e incluso penas de prisión.
Según el medio francés rfi, esta ley debía aprobarse durante este verano. En esta destacar también la enmienda presentada por la diputada Brigitte Allain, de Europe Écologie Les Verts (EELV) de la Dordoña, aprobada por la Asamblea Nacional Francesa el pasado 23 de noviembre en el marco de la Ley “Igualdad y ciudadanía”, en la que se recoge que las comidas de los comedores escolares y restauración colectiva deben contar con un 40% de alimentos locales y de productos de temporada, además de un 20% de productos ecológicos. Esta medida apoya el suministro de proximidad y la transición de la agricultura ecológica.
Según declaraciones de Brigitte Allain recogidas en MENSA CIVICA, “estas modificaciones son consecuencias de la Ley en la Propuesta para promover las raíces locales de alimentos y representa el trabajo de meses ahora consagrado en la Ley. Esta medida apoya el suministro de proximidad y la transición de la agricultura ecológica. Comer, elegir la comida que se sirve a los niños, los jóvenes, los enfermos, las personas que residen en hogares de ancianos, es una elección responsable, política y ciudadana”.
Acciones para concienciar a la industria alimentaria y a los propios ciudadanos de la importancia de la inclusión de los alimentos procedentes de la agricultura en reconversión, implementación que estará presente a partir del 1 de enero del 2020.
Sin duda una línea a seguir en toda la Unión Europea para un consumo de alimentos de temporada, menos procesados, y reducir el desperdicio alimentario, sin duda una de las cuestiones claves en el presente y el futuro del Derecho Alimentario.