FEFE considera perjudiciales para los pacientes y para el modelo español de atención sanitaria las subastas propuestas por la AIReF
Los empresarios farmacéuticos ofrecen su interlocución ante la Administración para revisar las medidas de contención de gasto que plantea la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
La Federación aboga por estudiar medidas de ahorro, pero garantizando la sostenibilidad del sistema.
Las 22.000 farmacias dan trabajo a más de 210.000 trabajadores. El 90% son contratos indefinidos; el 80% son mujeres y 4 de cada 10, menores de 45 años. El 60% son universitarios.
La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), en palabras de su presidente, Luis de Palacio, “considera que las subastas de medicamentos que propone la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no son eficientes porque no consiguen los ahorros que se suponen y perjudican seriamente al paciente”.
Según la Federación, el perjuicio se produce en dos sentidos: las citadas subastas provocan falta de suministro y, además, dificultan el correcto cumplimiento de la toma de medicamentos por el paciente (adherencia), debido a los cambios de los envases que se generan con las licitaciones.
Luis de Palacio también señala que, hasta ahora, nunca había existido un acuerdo tan unánime por parte de todas las organizaciones del sector –Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; Farmaindustria; Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG); Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS)-, en relación a una materia que puede afectar tanto al sistema como a los pacientes.
En este sentido, el presidente de FEFE señala que la Federación que representa “suscribe lo dicho al respecto por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos”:
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- Los medicamentos son un bien social y no un producto de consumo. En ningún caso los pacientes entenderían que su tratamiento dependiera de la puja ganadora en cada momento.
- El Consejo General denuncia que el informe no estima con ninguna precisión el ahorro económico y extrapola datos de una autonomía concreta al conjunto del Estado.
- El Consejo General lamenta profundamente que el modelo de subasta propuesto solo atienda a objetivos de ingeniería financiera energética, y no a las necesidades sanitarias reales de los ciudadanos.
- No existe ningún país europeo en el que se cambie al paciente constantemente su medicamento, hecho que va en contra de la recomendación de la OMS de reducir la falta de adherencia, situada en el 50%
El presidente de la Federación añade que también se suman a lo destacado por Farmaindustria, que señala que las medidas de ahorro a corto plazo que plantea el documento no tienen en cuenta la reducción que ha experimentado el gasto farmacéutico público en receta (en oficina de farmacia), que ha pasado de representar el 1,13% del PIB y una cuantía de 260 euros per cápita en 2010 al 0,87% del PIB y 228 euros per cápita en 2018. Lejos de subir, el gasto per cápita en España es notablemente inferior al de los países de su entorno: un 32% inferior a la media de países de la Eurozona (datos de 2016). Además, las propias previsiones de la AIReF para 2019-22 muestran un crecimiento del gasto farmacéutico muy reducido (1,4% medio anual) e inferior al crecimiento del PIB nominal (3,8%), por lo que esta partida no amenazaría en ningún caso a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. No se entiende, por tanto, la necesidad de abordar un plan para ahorrar 1.500 millones de euros en 4 años, con medidas de gran calado que el informe además califica como “fáciles de implementar”.
Además, según la nota de prensa difundida por FEFE, Luis de Palacio alude a que “el Plan de Acción del Ministerio de Sanidad para fomentar la utilización de genéricos y biosimilares hace abstracción de una realidad: los medicamentos genéricos han progresado en estos últimos años gracias al apoyo recibido por los farmacéuticos y a las mejoras en el margen que han obtenido, tal como ocurre en los Estados de la Unión Europea donde experimentan un mayor progreso. La eliminación o la fuerte reducción de incentivos y las medidas coercitivas para su prescripción o dispensación no son el camino para fomentar el consumo de genéricos”
Igualmente, muestra su pleno respaldo a lo expresado por la AESEG, cuando se refiere a que “una subasta nacional de medicamentos como la propuesta por AIReF incrementaría el riesgo de desabastecimientos y perjudicaría el acceso del paciente a sus tratamientos habituales. AESEG considera que la propuesta de AIReF produciría un efecto negativo e inmediato a un sector industrial nacional como es el del medicamento genérico en términos de empleo, inversión y producción. Para AESEG, una subasta nacional de medicamentos no es necesaria pues las medidas actuales de Sistema de Precios de Referencia, Precios Menores y Precios más Bajos, ya operan como reguladores y han generado un ahorro de 1.200 millones de euros al Sistema Nacional de Salud en el año 2018.”
Por su parte, la Fundación IDIS hace un llamamiento de cautela a las Administraciones a la hora de tomar en consideración o no dichas conclusiones, amparándose en los efectos devastadores que medidas como las comentadas pueden generar en la I+D y, por consiguiente, en el acceso de los pacientes a medicamentos innovadores.
En cambio, organizaciones como la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento “ve claroscuro el informe de la AIREF, bien en las subastas y mal por no analizar los precios”, como recoge la web medicosypacientes.com de la Organización Médico Colegial.
En cuanto a los decretos provisionales que no se han derogado, FEFE también destaca que, aparte de estas amenazas, la contención de la factura en medicamentos tiene una trayectoria de 20 años. Se ha ido recortando intensamente a las farmacias desde el año 2000, empezando con el decreto 5/2000, de descuentos por volumen de facturación. La Federación destaca más todavía el Real Decreto 8/2010 y sus desarrollos, que fueron implantados como medidas de recortes del déficit urgentes, transitorias y provisionales, de las cuales se han retirado la mayoría a excepción de las que afectan a la farmacia, que se han cronificado. España solo dedica el 0,87% del PIB a pagar medicamentos financiados en la farmacia, un 32% menos que la media europea.
En conclusión, la Federación se postula como interlocutor válido ante la Administración para estudiar medidas de contención del gasto que salvaguarden la sostenibilidad del sistema y propone que la Oficina de farmacia sea considerada dentro de la atención primaria para prestar otros servicios, como campañas de salud pública (vacunaciones) o seguimiento de la adherencia, además de poder tener acceso al historial médico del paciente para evitarle problemas de contraindicaciones en la medicación que prescriben los médicos.