El incremento en la financiación del sistema sanitario y el acceso universal a los tratamientos, claves en la lucha contra el COVID-19
La crisis derivada de la pandemia del coronavirus ha hecho emerger un nuevo debate sobre la idoneidad de un aumento de la presión fiscal para financiar nuestro sistema sanitario y acercarlo al modelo alemán, con el mayor número de camas de UCI de Europa. Para ello, España debería gastar unos 25.000 millones de euros más al año, lo que representa un 2% del PIB. Si no se llegara a aumentar la recaudación ni a recortar el presupuesto de otra partida, esos dos puntos irían directamente a déficit (la previsión de este año es ya del 10,3%) y, de ahí, a engrosar la deuda.
Desde el ámbito académico ya se han elevado algunas propuestas, como la de la creación de una figura impuesto específico (la tasa Covid). Los investigadores del Institut d’Economia de Barcelona (IEB)-Universitat de Barcelona (UB) Pilar Sorribas, Dirk Foremny y Judit Vall han publicado un estudio que avala la disposición de la sociedad a pagar un impuesto finalista, según revela una encuestada realizada en abril. El 80% de los encuestados estaría dispuesto a pagar un tributo para financiar la lucha contra la pandemia. El importe depende del destino de esa tasa. Si es para aumentar la capacidad de camas en las UCI de los hospitales, el tributo podría llegar a los 58 euros mensuales, mientras que si es para la investigación para encontrar nuevos tratamientos médicos se reduciría a 29. En cambio, para hallar una vacuna, los encuestados aseguran que pagarían 35 euros al mes, según el estudio.
Pero al anterior habría que sumar otro desafío: el que representa conseguir que, de existir tratamiento y vacuna para afrontar el virus, los fármacos sean lo suficientemente asequibles para que todo el mundo pueda acceder a ellos. En este momento y ante la gravedad de la situación, cientos de investigadores de todo el mundo luchan por desarrollar tratamientos eficaces y seguros, y los gobiernos incrementan y reestructuran sus presupuestos en investigación.
Con el actual modelo de fijación de precios, cuando se desarrolla un nuevo fármaco clínicamente eficaz, una vez autorizado por las agencias de medicamentos americana y europea y validado por la OMS, lo habitual es que quede protegido por alguna patente lo que supone una posición dominante para las empresas propietarias de la misma a la hora de ofertar precio al financiador, amparadas en su monopolio. Esto supone que en ciertos casos muchas personas y sistemas de salud no puedan pagar los precios fijados, como sucedió con el tratamiento para el VIH/sida o con el tratamiento para la hepatitis C.
En ambos casos, continúan sin ser asequibles para gran parte de la población y los países que los pueden pagar, lo hacen a costa de recortar grandes cantidades de recursos destinados a contratar personal sanitario o financiar servicios sociales adecuados.