Derechos y deberes de los ciudadanos vascos

La Consejería de Salud del País Vasco ha presentado una nueva propuesta para actualizar el contenido de las normas del conjunto de derechos y obligaciones de los ciudadanos en el sistema sanitario de las tres provincias que forman la comunidad. Este documento recibe el nombre de ‘Declaración sobre derechos y deberes de las personas en el Sistema Sanitario de Euskadi’.

¿Cuáles son los valores actuales sobre asistencia sanitaria? ¿Cómo se protege el Derecho de la Salud entre las personas más vulnerables? ¿De qué forma se promueve la seguridad clínica?

La situación socio-demográfica del territorio vasco ha variado en los últimos años; ahora se vive un envejecimiento progresivo de la ciudadanía y, por lo tanto, aumentan en protagonismo las enfermedades crónicas y degenerativas. Este punto es uno de los principales en dicha declaración de derechos, pero también se tratan temas vinculados a las necesidades concretas en la infancia y la adolescencia, la sexualidad y la reproducción, sin olvidar a los grupos de personas en situación de riesgo de exclusión social y a las personas damnificadas/afectadas por enfermedades raras.

Así, el nuevo documento se basa en los principios que inspiran las relaciones sanitarias en Euskadi:
– El respeto a la libertad de la persona y a la autonomía en las decisiones que afecten a su salud.
– La vida y la integridad física y psíquica.
– La libertad y la autonomía.
– La igualdad y la no discriminación.
– El respeto a las demás personas.
– La confianza y la confidencialidad.
– El respeto al libre desarrollo de la personalidad,
– La universalidad a la asistencia sanitaria.

Según Jon Darpón, consejero de Salud del País Vasco, “esta declaración contribuirá a profundizar  en el carácter universal de la asistencia sanitaria, en la mejora de la calidad asistencial, en la solidaridad, en la equidad en el acceso y en el uso de los servicios sanitarios y en la participación de las personas en las actuaciones del sistema sanitario de Euskadi”.

Es Tu Sanidad recoge en su artículo sobre esta propuesta que la declaración agrupa la exigibilidad de algunos derechos que corresponden a los ciudadanos, como son el derecho a la información sanitaria, el derecho a la seguridad clínica, el derecho a la intimidad, al consentimiento informado, a la consideración de las necesidades de hombres y mujeres conforme a la Ley para la igualdad de mujeres y hombres, a la información disponible sobre su salud y al respeto a las voluntades anticipadas. Además, el documento presentado en el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, incorpora la regulación de los servicios responsables de custodiar el correcto cumplimiento de los derechos y deberes, y de facilitar información y orientación a todas aquellas personas que lo soliciten.

Con esta iniciativa en pro del derecho a la salud también se apuesta por unos usuarios de la Sanidad Pública activos y que tomen parte en las decisiones que afectan a su propia salud.

Por último, la declaración también busca la forma de optimizar las relaciones entre las personas que acuden a la Sanidad del País Vasco con los profesionales sanitarios que los atienden.

Hay que reconocer que el País Vasco y Navarra han sido las Comunidades Autónomas más decididas a defender la universalidad de la sanidad pública, haciendo uso de su autonomía normativa, cuestionada por el Gobierno español, pero apoyada por Autos del Tribunal Constitucional.

El alto tribunal considera que el derecho a la salud “no puede verse desvirtuado por la mera consideración de un eventual ahorro económico”. Es un precedente para los recursos aún pendientes de otras comunidades contra el Real Decreto-Ley 16/2012, del Gobierno, que no sólo retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia, sino que introduce muchos otros recortes en los derechos en salud de los ciudadanos, que pretenden, en realidad, un cambio de modelo sanitario.