Denunciados por el ‘caso Afal’
¿Dónde empieza el Derecho de la Salud? ¿Cuál debería ser la sentencia apropiada para aquellas personas que se aprovechan de los sectores sociales más vulnerables?
El ‘caso Afal’ es un ejemplo de transgresión del Derecho de la Salud, del Derecho de las personas en general. La apropiación indebida, la estafa procesal y falsedad documental, razones de la denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Madrid a los nueve denunciados hasta la fecha, sobrepasan el límite moral, ético y legal para la convivencia social. Las nueve personas denunciadas de la Fundación Afal Futuro, destinada a cuidar a personas con enfermedades mentales, forman parte de la cúpula de la entidad.
La investigación de la Fiscalía Provincial de Madrid comenzó el pasado mes de mayo tras varias denuncias de familiares y extrabajadores por expoliar patrimonio de los pacientes. Según artículo publicado en El País, José Javier Polo, fiscal jefe provincial, informa de que hay “indicios serios” de irregularidades de la Fundación Afal Futuro con un centenar de incapacitados, algunos de ellos con grandes fortunas.
En este artículo de El País, el ministerio afirma de que la entidad tutelar llevó a cabo “acciones tendentes a sustraer bienes del patrimonio de sus tutelados e incorporarlo, bien al suyo propio a través de distintas sociedades o bien al patrimonio de la Asociación Nacional del Alzhéimer Afal Contigo, de la que alguno de los denunciados son dirigentes”. Esta entidad tutelar, que se encontraba dirigida por la abogada fallecida recientemente en un accidente de tráfico, Blanca Clavijo, “desviaba fondos de sus tutelados hacia sus cuentas, contrataba para ellos servicios con empresas de su propiedad o vinculadas a ellos y, mientras tanto, llegó a adquirir importantes deudas con los geriátricos en los que estaban ingresados los enfermos, a pesar de que estos podían cubrir las facturas.”
Además de pedir la declaración de algunos testigos, la Fiscalía Provincial de Madrid advierte de que algunas facturas emitidas a cargo de cuentas personales de los pacientes de la Fundación Afal Futuro, con cantidades superiores a los 100.000 euros, se encuentran totalmente injustificadas. Lo mismo ocurre en el caso de transferencias de importes de hasta 1,1 millones de euros desde algunas cuentas de los tutelados en el centro hacía personas que ocupan los altos cargos de la fundación o a sus empresas relacionadas. Ahora el ministerio espera la aprobación de la auditoría pública solicitada para las cuentas de la entidad, de sus tutelados, testamentos de incapacitados, etc.
Por su parte, la AEFET (Asociación Española de Afectados por Entidades Tutelares), creada con familias de personas con algún tipo de incapacidad y extrabajadores de la entidad para defender sus derechos, ha declarado que se personará en esta causa. Pilar Palao, una de las portavoces y extrabajadora de la Fundación Afal Futuro, afirma en el artículo de El País: “Estamos satisfechos de que la fiscalía haya iniciado las actuaciones y esperamos que esto llegue hasta el final. Llevamos meses denunciando irregularidades y esperamos que todo salga a la luz”.
Fuente: El País